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Miércoles 02 de mayo de 2018

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresa su decepción por las alzas de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos que recientemente se han registrado en varias provincias.

El Consenso Fiscal firmado por el Gobierno Nacional y prácticamente la totalidad de las provincias a finales de 2017 estableció para el mencionado impuesto alícuotas máximas por año, en un cronograma descendente, en pos de aliviar la carga tributara que soporta la actividad económica y que erosiona la competitividad del país. Sin embargo, contrariando al espíritu del acuerdo, diversas jurisdicciones que tenían para algunos sectores alícuotas por debajo del máximo pactado para 2018 (o para los que no se estableció un tope para el presente año), optaron por aplicar incrementos, compensando las bajas en otras actividades, lo que terminó en un aumento, en términos reales, de la presión que este impuesto genera (la variación interanual promedio de la recaudación de este impuesto fue del 32,7% en el primer bimestre de 2018; en algunos casos esta variación llegó a más del 50%).

El sector comercial fue, una vez más, uno de los grandes perjudicados. De acuerdo a un estudio reciente, doce provincias aplicaron algún tipo de aumento sobre el sector que es uno de los que no tiene alícuota máxima prevista para 2018. Concretamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán subieron la alícuota al comercio, tratándose en algunos casos de subas del impuesto general, mientras que en otros fueron aumentos aplicados a ciertos niveles de facturación, típicamente a los establecimientos de mayor tamaño.

Desde la CAC se reitera el apoyo general al proceso de transformación iniciado por el Gobierno, pero aboga porque las reducciones de la presión tributaria en algunos sectores no deriven en un incremento de la carga sobre otros. Por el contrario, la manera de compensar la baja de recursos tributarios debería ser la reducción de la informalidad, que además de implicar una cuantiosa pérdida de recursos fiscales, significa una competencia desleal para las empresas formalmente establecidas que cumplen con sus obligaciones tributarias, laborales, y de toda índole; más allá de la necesaria reducción de las erogaciones de un Estado sobredimensionado.

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