Los años subsiguientes continuaron poniendo en evidencia la precaria estabilidad política del país, a veces disimulada por condiciones exógenas favorables como el hecho de que, en 1973, los términos del intercambio para nuestras exportaciones fueron los mejores en 50 años, motorizado así también la expansión de la economía.
Ello motivó una vez más a nacionalizar el comercio exterior de productos tradicionales, ámbito donde debe destacarse también el hecho de que en cuatro años las exportaciones a los países del bloque socialista pasaron del 3 al 11% del total.

No fue el único plano en que se exacerbó la presencia del Estado: también se centralizaron los depósitos, se limitó la inversión extranjera, se dispuso el incremento de salarios y el congelamiento de precios.

   La muerte de Perón sumergió aún más en el caos a la política argentina, complicando al extremo el entramado gubernamental, empresarial y sindical que, sumado a un nuevo viraje en los precios internacionales, pondrían a la economía en una situación crítica.

   El comercio estaría nuevamente regulado por una Ley de Abastecimiento en este caso la tristemente célebre Ley 20.680 la que, desde entonces y por muchos años, sería invocada para imponer sanciones, como por ejemplo las clausuras desde la órbita admnistrativa.
Para marzo de 1975, la inflación mensual se acercaba al 50% y el déficit fiscal se proyectaba en 12,5% del producto. Una vez más, la Argentina iba camino de una dictadura militar.